viernes, 30 de noviembre de 2012

Hacienda opta por la ilegalidad.


A la directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, no se le ha ocurrido otra cosa, que la de enviar un escrito a sus delegados en las distintas CCAA, en el que les pide que impulsen acciones de cancelación de deuda que tengan una repercusión mediática.
Teniendo en cuenta que Hacienda, tiene por ley, la obligación de actuar con neutralidad, profesionalidad y sigilo, la iniciativa de esta señora vulnera claramente el artículo 95 de la Ley Tributaria, donde habla expresamente del carácter reservado de los datos.
Todos estaremos de acuerdo, en que el Fisco se esfuerce al máximo en recaudar los tributos que se le adeudan, pero lo que parece inaceptable es que esa acción legítima se convierta en un vulgar circo por culpa de una orden muy desafortunada.
Todo parece indicar, que lo que pretende el Fisco es asustar a las personas mas conocidas y a los establecimientos públicos de más prestigio, incluso ya se ha atrevido a entrar en conocidos restaurantes de lujo, con llamativos petos amarillos, y delante de los atónitos comensales, proceder a embargar el mobiliario, algo para mí totalmente impresentable en un país democrático y moderno.
El Gobierno que aprobó la amnistía fiscal, exonerando a los defraudadores mediante el desembolso del 10% de la cantidad evadida, ahora actúa de esta manera.
Este Gobierno está batiendo todos los records, ahora renuncia claramente a proteger la intimidad de los contribuyentes, una intimidad que está protegida por ley. Si la actuación de Hacienda deja de ser impecable y legal, difícilmente pueden luego exigirnos a los ciudadanos que cumplamos con nuestras obligaciones.
Parece que para este Gobierno, el fin siempre justifica los medios, aunque para ello se pisoteen los derechos individuales de los ciudadanos y la legislación vigente.

jueves, 29 de noviembre de 2012

La desigualdad avanza en todos los frentes.


Los demócratas pensábamos que tras la dictadura se instauraría una democracia basada en los principios en que se basan todas las sociedades democráticas, os hablo de libertad, igualdad, solidaridad, pero resulta que mientras pasan años de “democracia” vemos que la tendencia estatal es ahondar cada vez mas en el intervencionismo y el totalitarismo, un estado que se empeña en intervenir cada vez mas en las relaciones sociales e interpersonales.
El sujeto protagonista de una sociedad democrática debe ser la ciudadanía, y debe basarse en la responsabilidad y las libertades personales, aunque ahora se viene observando que estos valores se quieren sustituir por la identidad y la pertenencia a colectivos como sujetos jurídicos, ideas contrarias a la democracia liberal.
Uno de los principios básicos de una democracia es el de la igualdad, y en ese aspecto son muchas las luces rojas encendidas con respecto a la situación de la igualdad en nuestro país, que cabe describir como en franco retroceso en todos los frentes. El concepto democrático de igualdad se pisotea demasiado a menudo, buena parte de los retrocesos más flagrantes de la igualdad efectiva y legal han ocurrido durante los últimos gobiernos socialistas o con su consentimiento tácito o expreso.
¿En qué hemos retrocedido? Repasemos, pues es evidente que se amplía la brecha social abierta según retrocede la igualdad que debe garantizar la democracia.
El coste de las matrículas universitarias en función de la Comunidad Autónoma donde se resida, estudiar Derecho en Madrid cuesta una matrícula sobre de 1300€, en Canarias sobre 800€ y en Galicia sobre 600€; tasas que no tienen nada que ver con la renta familiar o el salario medio, sencillamente son tasas determinadas por las necesidades recaudatorias de las diferentes CCAA, lo que explica que en algunas haya habido aumentos porcentuales enormes para el nuevo curso. Al parecer, el principio de igualdad no recibe aquí la menor consideración.
No hay igualdad en el acceso y permanencia en el mercado laboral. El mercado laboral dual, el de los contratos fijos y temporales, con gran ventaja para los primeros, discrimina a los jóvenes y a los últimos incorporados al mercado de trabajo.
Existe discriminación por sexo, pues considerar el sexo, o género, como lo llaman ahora, como una agravante natural, es una barbaridad, tal y como se recoge en la Ley de Violencia de Género y otras normas semejantes.
Existe la discriminación, en la elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones con la administración, en las comunidades bilingües; el caso de discriminación más patente, aunque en absoluto único, es el de Cataluña, sentenciado por el Tribunal Supremo. Supongo que ahora será obvio que el sentido de lanormalización lingüísticaque ignora la cooficialidad del castellano no era otro que el lavado de cerebro de la secesión, claramente, otro flagrante ataque a la igualdad de derechos.
La cuantía y calidad de las prestaciones sociales, depende de en que Comunidad Autónoma se viva, incluso pueden perderse si el ciudadano se desplaza a otra comunidad, como es el caso de la asistencia sanitaria. Otro claro ejemplo de desigualdad.
Los votos de los ciudadanos no valen lo mismo, todo depende de en donde se viva y a quien se vote, todo debido a los vicios de la actual Ley Electoral. No todos los votos valen lo mismo porque el sistema electoral privilegia la adscripción territorial –las provincias- frente a la ciudadanía, produciendo un sistema virtualmente mayoritario en vez de proporcional.
Desigualdad fiscal en el tratamiento impositivo de las rentas del trabajo y del capital, agravada por medidas como la amnistía fiscal, y en general, por la tolerancia del fraude y de la corrupción. Lo mismo sucede en los territorios con Concierto Económico, País Vasco y Navarra, privilegiados a base de menoscabar los derechos del resto a la igualdad fiscal.
Y que decir de la igualdad a recibir Justicia, tras la aprobación de las nuevas tasas judiciales, la desigualdad es palmaria, si no tienes posibles lo tienes muy crudo, eso de “iguales ante la ley” es ya un camelo.
Es evidente que las leyes españolas derivadas de la Constitución ni protegen ni garantizan de modo suficiente la igualdad en cuanto a los derechos individuales, las oportunidades en la vida , la igualdad ante la Justicia y en muchas otras facetas.
La igualdad es una de nuestras asignaturas pendientes, los partidos políticos nos la han arrebatado y no están dispuestos a devolvérnosla, recuperarla es labor de la ciudadanía.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

El SUP certifica el Estado de Desecho.


El Sindicato Unificado de Policía (SUP), sindicato mayoritario del Cuerpo, ha declarado que tiene la intención de crear un instrumento encaminado a acosar a los corruptos y, nada mas y nada menos, crear una plataforma policial contra la corrupción, entiendo que, al margen de las estructuras oficiales del Estado.
La intención del SUP, es la de actuar contra políticos, mandos policiales, jueces, fiscales y cualquier persona que no sea escrupulosa en la aplicación de la legalidad y la persecución de los delitos.
Esta es una noticia que aparece en los medios escritos, no demasiado resaltada, pero que para mí tiene una importancia extrema por lo que da a entender y lo que supone. Hasta el propio SUP da a entender, que los principales actores del estado de Derecho están implicados hasta las cejas en el latrocinio sistemático a la ciudadanía. Esto es muy fuerte.
Ya no somos algún que otro bloguero, los que desde nuestra ínfima pero letal arma, me estoy refiriendo al teclado de nuestro PC, expresamos nuestra opinión y nuestra visión sobre la realidad de nuestra sociedad. Ahora es la mayor parte del colectivo policial el que manifiesta a cara descubierta cual es el estado de salud de este sistema, que seguimos llamando democrático, aunque todos sabemos que es una mezcla de partitocrático y cleptocrático.
Los policías de a pié parecen no tener dudas, ellos parecen tener muy claro que los mandos policiales son, cómplices y subordinados, de los políticos corruptos, y que no tienen ningún problema ni escrúpulo alguno, a la hora de entorpecer las investigaciones sobre corrupción, para así proteger a quienes les ponen en el puesto, y en definitiva, a quienes les pagan.
Pero es que el SUP, también deja meridianamente claro, que los jueces protegen a los políticos corruptos y que no se dedican a perseguir los delitos, ya no es que nuestra Justicia no sea independiente, es que es golfa; lo hemos visto en el caso Palau, el juez Pijuan se dedicaba a guardar en un cajón los informes de las investigaciones policiales para que “durmiesen el sueño de los justos”, sin mover un solo dedo para esclarecer el asunto y así beneficiar a sus “amigos”.
Y que decir de los fiscales, a estos también se refiere el SUP, un cuerpo que teóricamente esta jerarquizado y le debe obediencia a la Fiscalía General del Estado, pero que en realidad va demasiado por libre y actúa al dictado del poder político de turno; recientemente hemos tenido el ejemplo del Fiscal de Cataluña en relación, a su bochornosa y sospechosa actuación, en el asunto de la denuncia del diario El Mundo sobre la corrupción de CiU, en donde esa Fiscalía se ha convertido en la defensora a ultranza de los corruptos.
El problema es que la situación puede convertirse en esperpéntica, la policía va a investigar por su cuenta y riesgo, a escondidas de sus mandos y sin que se enteren los jueces, cuando consigan datos sólidos sobre un caso de corrupción realizarán un informe y decidirán a través de que medio informativo o partido minoritario, sí de los que claman por la regeneración democrática, lo filtran para que la opinión pública se entere y los responsables políticos y judiciales no tengan mas remedio que actuar.
Hemos llegado a una situación que tiene difícil retorno, por supuesto que habrá alguno que otro juez o fiscal honesto y alguno que otro mando policial honesto, pero se le puede calificar de honesto al que sabe lo que hacen sus compañeros, calla, no denuncia y mira para otro lado. El gran problema es que la ciudadanía ya no confía en el propio sistema porque se ha dado cuenta de que en esta España hay gente intocable que dispone de impunidad absoluta al estar protegida por los distintos poderes del Estado.
Pese al esperpento, aplaudo la decisión del SUP, vamos sumando, ya somos mas los que le hemos declarado la guerra total a los corruptos y a sus “honorables” cómplices.

martes, 27 de noviembre de 2012

La financiación de los partidos políticos, un escándalo.


Con cinco años de retraso, el Tribunal de Cuentas ha hecho público su último informe sobre la contabilidad de los partidos políticos y sus entramados legales, correspondiente al año 2007. Teniendo en cuenta, que son los mismos partidos políticos los encargados de regular por ley su propia contabilidad, no es de extrañar, que lo hagan de tal manera que les sea muy sencillo burlarla.
En este informe, aparece supervisada la financiación obtenida por los partidos con representación en el Congreso y en los parlamentos autonómicos, así como, de un total de 26 fundaciones ligadas a los partidos presentes en las Cortes Generales.
Los recursos de dichas formaciones proceden, básicamente, de subvenciones públicas, en base al número de escaños y votos conseguidos en las últimas elecciones, tanto a nivel estatal como autonómico. En la financiación privada se incluyen, las cuotas y aportaciones, de afiliados y simpatizantes, y las donaciones, en dinero o en especie. Y los créditos concedidos por entidades financieras (en 2007, 226 millones de euros).
La financiación total de los partidos se situó, incluyendo la deuda, en casi 580 millones de euros; sin contar los créditos, los partidos ingresaron 350 millones de euros, el 80% procedente de subvenciones públicas.
Independientemente de las cantidades percibidas por cada partido, lo realmente importante, son las observaciones que la Cámara de Cuentas realiza en su informe, advirtiendo de que la gran mayoría de los partidos "no incluyen ninguna información" en las memorias remitidas al Tribunal sobre la relación de subvenciones y donaciones recibidas, así como los detalles de las condiciones de los préstamos, o bien esta información "está incompleta", lo cual viola la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos. Señalando también que "ninguna de las formaciones" ha rendido al tribunal los debidos mecanismos de control interno que exige la ley para "garantizar la adecuada intervención y contabilización de los actos y documentos" relacionados con los ingresos y gastos. Además, las formaciones no detallan en sus cuentas anuales la financiación de sus formaciones locales, con lo que la opacidad en este ámbito es notable. Tampoco contabilizan debidamente las donaciones privadas, ya que no se ingresan en cuentas específicas al efecto como establece la ley.
También advierte de que, en materia de créditos, "figuran operaciones que no han sido objeto de amortización en los plazos previstos", lo cual se traduce en condonación (perdón) de deudas por parte de las entidades. Y ello, sin contar los bajos intereses que pagan los partidos (apenas un 0,4% anual).
De este informe, también se desprende, que la participación mayoritaria que mantienen Convergencia Democrática de Cataluña, Eusko Alkartasuna y Partido Nacionalista Vasco en "diversas sociedades mercantiles", la prohíbe explícitamente la ley; y que el Tribunal de Cuentas es incapaz de imponer sanciones a los partidos por incumplir la normativa sobre financiación.
En una democracia seria no ocurriría esto, pero en una partitocracia es esencial que ocurra para que se pueda perpetuar. Los partidos políticos corruptos son los que regulan por ley su propia financiación, los propios partidos se autoconceden las subvenciones desde las administraciones que controlan, los representantes de los partidos en los consejos de administración de las cajas de ahorros conceden créditos a su propio partido en condiciones superfavorables y, a veces, hasta consiguen que sean condonados, y para terminar, como los partidos son también los que configuran el Tribunal de Cuentas, jamás se sanciona a ningún partido por incumplir la normativa de financiación.
Si nos damos cuenta, los partidos políticos, tienen montado un tinglado mas propio de una dictadura que de un sistema democrático, ellos se lo guisan y ellos se lo comen.
Los únicos ingresos que deberían tener los partidos son las cuotas de sus afiliados, y las donaciones y los créditos, deberían de estar controladas con rigor y por un organismo independiente, aunque entiendo que en la actualidad, en un país donde nada es independiente, ni siquiera la Justicia, sería pedir peras al olmo.
Los partidos deberían ser instrumentos al servicio de la sociedad, y lo que hacen es que se sirven de la sociedad para mantener su posición y, a la vez, colaboran en el empobrecimiento de los ciudadanos.
Otra democracia es posible, la que tenemos no nos sirve por prostituida, muchos desde la sociedad civil intentamos trabajar en ese sentido, por la regeneración democrática de España.