viernes, 31 de julio de 2015

Inmigración: Intervengamos en sus países.



Lo que está sucediendo estos días en el Canal de la Mancha, donde en las afueras de Calais miles de inmigrantes, tras atravesar media Europa, pretenden cruzar el Eurotunel en busca de una vida mejor en el Reino Unido, nos recuerda que hasta la fecha los países integrantes de la Unión Europea han sido incapaces de ponerse de acuerdo para que exista una política común en lo referente a la inmigración.

Que cada Estado miembro pretenda fijar sus propias reglas migratorias es absurdo, y más,  teniendo en cuenta que dentro del territorio UE no existen fronteras, y los errores de unos perjudican a sus vecinos.

Debemos ser conscientes, de que si antes los que venían lo hacían huyendo de la miseria reinante en sus países de origen, ahora lo hacen huyendo de las guerras en el África subsahariana y en Oriente Medio, ahora las causas que originan su venida son de índole político y religioso, sencillamente huyen de la muerte, estos ya no son inmigrantes son refugiados.

Soy de los que piensan, que la solución no es permitir acoger en mayor o menor medida a los que vienen, la verdadera solución sería acabar con las causas que hacen que vengan. Las democracias occidentales, el mundo libre, los integrantes de la OTAN, deberían intervenir a nivel global y acabar, con quienes infligen tanto sufrimiento a sus pueblos, para que así en sus lugares de origen la población pueda vivir en paz  y progresar.

Esto que propongo es caro pero con altura de miras es lo más justo, pues mucho más caro es dejar entrar a todos y que colapsen nuestras sociedades en lo que se refiere a prestaciones sociales, algo que ya está ocurriendo y los grandes perjudicados somos nosotros.

Si en sus países de origen no tienen seguridad ni futuro, nuestra obligación sería la de facilitársela, y de esa forma se acabaría con esta triste realidad.

Desde un punto de vista económico, la estabilización y el desarrollo de estos países traería consigo el consumo, y para la economía global el aumento de cientos de millones de nuevos consumidores no estaría nada mal.

Lo que propongo es muy sencillo, en vez de acogerlos aquí, hagamos que la vida en sus respectivos países sea aceptable y ni se planteen venir, al menos de esta forma.


jueves, 30 de julio de 2015

La Seguridad Social hace aguas.



Es muy difícil que una mentira se pueda mantener en el tiempo, y eso ocurre con las cuentas de nuestra Seguridad Social. Muchas veces nos han dicho miembros del gobierno de turno, que no debemos preocuparnos, que nuestras pensiones futuras están garantizadas, que la Seguridad Social no corre peligro. Conociendo ahora sus cuentas eso empieza a no estar tan claro.

En la actualidad hay 26.000 afiliados más a la SS que cuando accedió el PP al poder, y en cambio, la SS recauda 350 millones menos cada mes, consecuencia de que cada vez los salarios son más bajos, porque las bases de cotización son más bajas, y también, por el enorme crecimiento de los contratos precarios y a tiempo parcial, contratos que cotizan mucho menos.

Es muy preocupante que el sistema público de pensiones vaya a arrojar un déficit este año de 15.000 millones, exactamente igual que el ejercicio anterior.

Parece evidente que el sistema hace aguas y es urgente reformarlo, aunque conociendo a nuestros políticos ¿alguien piensa que alguno se va a atrever a coger un problema tan incómodo por los cuernos? más bien parece que optarán por lo de siempre, dejarle el marrón al próximo que venga y así sucesivamente hasta que esto explote, pues nadie duda de que si cada vez hay más pensionistas y cada vez trabajan menos personas, algo habrá que hacer.

Y es que “la mentira tienen las patas muy cortas” como dice el conocido dicho, al final van a tener razón los que dicen que el paro no ha descendido, pues sostienen que entre los que han emigrado y los que han desistido de buscar empleo, le han hecho un gran favor a Rajoy, además de afirmar que lo que se ha hecho es repartir las horas de trabajo entre más personas, y que si se contabilizaran todas las horas semanales que cotizamos los españoles y las dividiéramos por cuarenta, posiblemente nos llevaríamos una gran y triste sorpresa. 

No hay que ser ningún experto para entender el gran desequilibrio que tiene el sistema entre ingresos y gastos, el sentido común nos dice que reformarlo es inaplazable, pero teniendo en cuenta que el sentido común es el sentido que más escasea en nuestros políticos, empezamos a ver el futuro con nubarrones muy negros.


miércoles, 29 de julio de 2015

Andalucía: Acierto de Podemos.



Teresa Rodríguez, portavoz de Podemos en Andalucía, lo ha dicho muy claro, propondrán la reforma del Reglamento del Parlamento andaluz para “reajustar” las dietas que cobran los diputados. Deben, según ella, dejar de cobrar una cantidad fija, y en cambio, cobrar en función de los gastos en que incurran  previa justificación. Algo de sentido común.

El Parlamento de Andalucía pagará en el inhábil mes de agosto en concepto de dietas por alojamiento y manutención de los diputados una cantidad de 140.000 euros (109 diputados). Un verdadero escándalo.

Podemos ha sido el único partido que ha levantado la voz para denunciar este “saqueo legal” de las arcas públicas. Esta actitud contrasta con la de Ciudadanos, el otro partido emergente, quienes imitando a quienes critican “cogen la pasta y callan”.

Otro gran escándalo andaluz es el pago de 100.000 euros en concepto de cesantía al que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, el comunista Diego Valderas.

El portavoz del Gobierno andaluz justificó ayer el pago en función de la incompatibilidad que tiene que respetar, ya que no puede desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que haya dictado resolución en el ejercicio de su cargo, blindándolo de esa manera ante el sector privado.

Los que no conozcan a Valderas, les diré que antes de dedicarse a la política desarrolló trabajos no cualificados, el más conocido es el de repartidor de butano, por lo que justificar el pago de la cesantía para que no lo fiche el sector privado suena a broma al ser una persona carente de formación. Evidentemente ese pago es legal pero injusto, y forma parte de lo que los políticos se han preparado para “llevárselo calentito”.



martes, 28 de julio de 2015

El Régimen contra Alaya.

A estas alturas de la película pocos dudan de que lo que ha conseguido estos últimos años Mercedes Alaya a base de tesón, trabajo bien hecho y sacrificio personal, le ha creado muchos enemigos, tanto en el ámbito político como en el propio mundo judicial.

Pero ella demuestra, día a día, estar hecha de una pasta distinta a la del resto de los mortales y sigue luchando por lo que cree que es justo. Por ello, acaba de presentar escrito de alegaciones contra el reparto de macrocausas aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En esas alegaciones, alude a la estrecha amistad de la juez María Núñez Bolaños con Emilio de Llera, Consejero de Justicia e Interior, así como la relación profesional que mantiene con un hermano del ex consejero corrupto Ángel Ojeda, imputado por el caso de los cursos de formación.

Actualmente, Mercedes Alaya, ocupa una plaza en la Audiencia de Sevilla, y pidió una comisión de servicio para seguir instruyendo las macrocausas relativas al fraude de los ERE y de los cursos de formación, entre otras. Pero el TSJA ratificó hace unos quince días que solo le deja el caso de los ERE y le arrebata el de los cursos de formación.

Alaya ha demostrado, y sus resultados la avalan, que es la única capaz de llegar al final en los dos casos más graves de la corrupción política andaluza de su historia. Por ello, la designación de Nuñez Bolaños disparó todas sus alarmas.


Sustituir a Alaya era el principal objetivo del régimen socialista andaluz, colocando en su lugar a una “amiga” cuya misión es desactivar lo máximo posible la instrucción de los casos que tanto incomodan a quienes desde siempre rigen los destinos de Andalucía.


lunes, 27 de julio de 2015

La “Dipupesebre” de Sevilla.



El socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha revalidado por enésima vez su mandato como presidente de la Diputación de Sevilla, y una vez más, está reeditando el escándalo que perpetra año tras año cuando decide quien, durante los cuatro próximos años, va a disfrutar de ese pesebre pagado con los impuestos de todos los sevillanos.

Desde que tomó posesión a finales de junio, el mandatario provincial ha contratado hasta la fecha como personal de confianza a doce alcaldes y seis ex alcaldes socialistas, de los que tres han sido desalojados de sus respectivas alcaldías tras las últimas elecciones municipales del 24-M. Hablamos de fichajes realizados exclusivamente por el gobierno de esa Diputación, por lo que no se incluyen a los altos cargos de las empresas y organismos públicos, en donde la relación de enchufados es insultante.

Esta es la política de contratación habitual desde tiempos inmemoriales, y en donde es condición imprescindible ser socialista de carnet para ser contratado. Hablamos de una veintena de enchufados que van a ocupar en el gobierno provincial, cargos de coordinadores territoriales o de asesores en las diferentes áreas, eso sí, todos ellos percibirán un sueldo anual de 40.758 euros por simular que trabajan.

Si leemos las resoluciones publicadas en el BOP de la provincia de Sevilla, los nuevos puestos de todos estos alcaldes tienen un régimen de “dedicación plena” algo imposible de cumplir al tener que compatibilizarlo con su responsabilidad como máximos responsables de sus respectivos ayuntamientos. Es decir, engaño tras engaño.

Los ciudadanos sevillanos que pagamos religiosamente nuestros impuestos, sentimos una absoluta repugnancia ante estos hechos, y cada vez más, estamos convencidos de que esa administración provincial es completamente prescindible. 

Ver como con nuestro dinero, el PSOE mantiene en pié ese chiringuito particular donde le da de comer a sus legiones de  enchufados,  demuestra en que se ha convertido la política y a que se dedican los partidos.


domingo, 26 de julio de 2015

Cataluña 27-S: Sobresalto Nacional.



Los independentistas catalanes, con Artur Mas a la cabeza, se empecinan en llegar a una meta imposible por inexistente. Por primera vez, el Gobierno de nuestra Nación se plantea la posibilidad de, aplicando el Art. 155 de nuestra Constitución, suspender la autonomía catalana, algo que algunos llevamos pidiendo desde hace ya demasiado tiempo.

Es como si nuestro gobierno se hubiese dado cuenta “hace un par de horas” de que Artur Mas va en serio. Parece que desconocen que mientras más tarde se tome esa decisión más traumática será.

El texto del Art. 155 dice así: “Si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan,  o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Hemos llegado a una situación, en la que se han roto todas las posibles vías de dialogo con el gobierno sedicioso catalán, ya es imposible tender puentes entre las partes por culpa del delirio permanente en el que se ha instalada Artur Mas y quienes le apoyan. Artur Mas hace tiempo que perdió el norte y está totalmente  incapacitado para representar a todos los catalanes.

Ahora nos cuenta Rajoy, que tiene movilizado al Estado para frenar a Mas, que está esperando el texto de la convocatoria del 27-S. Miembros del Gobierno, nos quieren convencer de que la legalidad se impondrá, algo que nos gustaría creer pero que desmienten los antecedentes que existen.

Desde hace muchos años el gobierno catalán incumple sistemáticamente las sentencias judiciales que no le satisfacen y ningún gobierno de la Nación se ha atrevido a actuar. Ahora tendrán que convencernos de que en el territorio español de las cuatro provincias catalanas sí que está vigente el Estado de Derecho.

Que nadie olvide que la integridad territorial de nuestra Nación es para muchos de nosotros sagrada, además de estar protegida por nuestra Constitución,  y que  la soberanía reside en la totalidad del pueblo español.

Los españoles demócratas confiamos en que nuestro legítimo Gobierno cumpla con su obligación, de cumplir y hacer cumplir las leyes, pues si no lo hiciese, la necesaria solución podría proceder de quienes tienen otra misión específica en nuestra Constitución pero que son el garante último de la unidad nacional y la legalidad constitucional.