miércoles, 6 de abril de 2016

La ruina de las autonomías.

El Ministerio de Hacienda, ha publicado la ejecución presupuestaria del año 2015. En ese informe podemos ver de manera clara, que la diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan las CCAA volvió a agrandarse el pasado año, con las excepciones de Galicia, Canarias y el País Vasco. Cataluña es la líder absoluta de gasto y de déficit, y como consecuencia de ello, de deuda.

Si se analizan las cuentas de las quince CCAA incumplidoras, se ve claramente que aprobaron unos presupuestos irreales, maquillando premeditadamente los datos, inflando los ingresos, y con partidas de gastos infradotadas, muy por debajo de lo que luego se gastó en realidad. El aumento de los costes de personal y el gasto corriente, hicieron el resto para que se desbocara el déficit.
Pero lo más sangrante es, que tras el recorte que se realizó entre 2010 y 2012 en gastos de personal forzado por la crisis económica, el gasto en sueldos vuelve a desbocarse,  2015 fue un año electoral y las contrataciones se dispararon.

Lejos de frenar esta escalada, las CCAA han previsto seguir engordando sus plantillas durante 2016. Evidentemente, los partidos políticos que ostentan el poder en las distintas CCAA, lo utilizan para enchufar a familiares, amigos y compañeros de partido a los que hay que agradecer los servicios prestados para conseguir ese poder que disfrutan.

El Estado autonómico se ha convertido en el chiringuito particular de los partidos políticos y su nido de corrupción, una organización territorial que nos dimos en la Transición y que ha significado una gran ruina para este país.

Pienso que la ciudadanía debería ejercer presión para que se realizara un referéndum donde los ciudadanos decidiéramos si queremos seguir manteniendo esta organización territorial tan enorme y tan costosa, o si por el contrario, queremos un Estado descentralizado en lo administrativo y centralizado en lo político, mucho más barato, operativo e igualitario para los ciudadanos en lo referente a la percepción de servicios básicos de igual calidad para todos.

Esto que propongo, contaría sin duda,  con la dura oposición de la clase política, pues de ponerse en marcha este cambio, la mayoría de ellos engrosarían las listas del paro, algo a lo que se han hecho merecedores con creces.



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