martes, 24 de mayo de 2016

El PP se sentará en el banquillo.



Cuando muchos pensábamos, que la patética comparecencia de Mª Dolores de Cospedal para explicar el caso Bárcenas, aquella del famoso “pago en diferido”, no podría ser superada, en la rueda de prensa que protagonizó ayer Andrea Levy, más de uno sintió vergüenza ajena.

El Juzgado Central de Instrucción nº 5 ya ha reclamado oficialmente al Partido Popular el pago de una fianza de más de 1,2 millones de euros, como responsable civil subsidiario de sus ex tesoreros y ex gerente. Si el PP no la hiciera efectiva en un plazo de 10 días, bienes del partido podrían ser embargados.

Con esta cantidad se cubrirá la responsabilidad civil a la que podrían ser condenados los imputados en la cause en la que se ha investigado la utilización, por parte del Partido Popular, de una caja B, al menos durante 18 años. 

El primer instructor del caso, el juez Pablo Ruz, y el actual, el juez José de la Mata, han entendido que más allá de la contabilidad paralela llevada por Luis Bárcenas, hay indicios suficientes para que se determinase en un juicio si el Partido Popular se había financiado con una contabilidad B (sobres con dinero negro a sus dirigentes, obras realizadas en su sede, pago de campañas electorales, y un largo etcétera).

Pues bien, los de Rajoy, tuvieron la ocurrencia de que la joven e inexperta, Andrea Levy, compareciera en la rueda de prensa, afirmando que el PP no es culpable de nada, que la imposición de la fianza es una medida cautelar, y que ellos niegan las afirmaciones y los apuntes de Luis Bárcenas. Lo hizo tan mal, que el partido tuvo que hacer público a posteriori un comunicado oficial, en el que además, se vierten graves reproches a la actuación de los jueces, y insisten en que los delitos no son suyos, cuando se sabe que utilizaban la clásica mecánica de dar concesiones de obras a cambio de altas comisiones, algo que está documentado por quienes ya han “cantado”.

Lo cierto es, que el asunto está a la espera de celebración de juicio y de que el Partido Popular se sentará en el banquillo como responsable civil subsidiario por haberse beneficiado de la caja B.


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