viernes, 25 de noviembre de 2016

El Gobierno de Navarra con la jauría proetarra.



Lo que está sucediendo en la localidad navarra de Alsasua, es un claro síntoma del progresivo debilitamiento del Estado de derecho, y pone al descubierto que en muchas zonas del territorio nacional impera el terror, y esa ley del silencio que hace que muchos españoles se sientan abandonados y desprotegidos por su Gobierno y por el resto de las instituciones del Estado.

Que el propio gobierno de Navarra se ponga al frente de la campaña que pretende, que los nueve autores encarcelados de la brutal agresión terrorista contra dos guardias civiles y sus parejas, no sean juzgados por terrorismo por la Audiencia Nacional, es claro síntoma de cual es la situación.

Recordemos, que una jauría de medio centenar de jóvenes proetarras perpetraron una brutal agresión contra dos parejas, y lo hicieron, por el único motivo de que eran guardias civiles, causándoles graves heridas.

A raíz de esta agresión, vecinos  de Alsasua han relatado cómo es el día a día de los guardias civiles allí destinados y de sus familias, del acoso que sufren a diario, acoso que es silenciado por el Gobierno de Madrid y por los medios de comunicación, pues permitir que sea conocido por la ciudadanía desmontaría esa falsa verdad oficial de que ETA ya no actúa y que la normalidad ha vuelto al País Vasco y a Navarra.

Debemos saber, que allí hay españoles que a diario son insultados, escupidos y acosados, y que nadie les defiende, por ello, mi gratitud a la labor que realiza la Guardia Civil en “territorios rebeldes” no tiene límites.

La manifestación favorable a los jóvenes criminales proetarras, también llamados abertzales, cuenta con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y de los concejales del PSOE, y con el voto en contra del único concejal de UPN, un auténtico héroe.

El Gobierno de Navarra pretende, el despliegue de su Policía Foral, y el repliegue de Guardia Civil y Policía Nacional, algo que traería como consecuencia inmediata que miles de españoles navarros se verían obligados a huir de su tierra, siendo claro cómplice por inacción el Gobierno de España.



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