viernes, 28 de abril de 2017

Acosada y despedida por denunciar corrupción.

Era el 12 de diciembre de 2008, una empleada pública del Canal de Isabel II llamada Araceli, tomó la decisión de escribir una carta a Ignacio González, en donde le indicaba, que había llegado a su poder un documento que vinculaba claramente a tres altos cargos de la empresa, que en asociación, estában actuando en claro fraude de ley desviando fondos públicos para financiar a una gran constructora. La carta se la entregó en mano al entonces secretario de Ignacio González, actual alcalde popular de Las Rozas.

Hablamos de una mujer afiliada por entonces al Partido Popular y que antes de dar este paso incluso lo consultó con su párroco, tomando esa decisión por entender que era su obligación, craso error el suyo, pues al enviar esa carta estaba firmando, sin saberlo, su carta de despido.

Esta geóloga, esperó una llamada que nunca se produjo, empezó a notar comportamientos extraños de sus compañeros hacia ella, llegaba a sus manos menos trabajo, notaba desconfianza, incluso evitaban que viera ciertos documentos relacionados con ciertas obras.

Pasados nueve meses, el acoso era insoportable, empieza a no poder dormir, en el trabajo se la ignora por completo, empiezan a llegarle partes y sanciones sin justificación. A comienzos de 2010 deja su puesto de trabajo por una baja por ansiedad, al volver, dos partes más le costaron su despido, un despido declarado procedente por un juez amigo del poder político, quien aceptó como reales las causas esgrimidas por la empresa acusándola de utilizar su puesto en el Canal para intentar que una empresa alquilara unos terrenos familiares, todo falso.

No solo habría que meter en la cárcel a la trama corrupta de políticos, todos los funcionarios y empleados que han colaborado en putear a Araceli deberían ser juzgados y condenados.

A mí esta historia, me indigna sobremanera, mucho más que la corrupción en sí misma. Mientras que no se restituya a esta señora en su puesto, se la indemnice generosamente y se le haga un acto público de reconocimiento, no se habrá hecho Justicia.

Este caso me hace recordar lo que personalmente sufrí allá por 2008 también cuando siendo concejal y presidente del Partido Popular de Valencina de la Concepción (Sevilla), se me ocurrió denunciar la corrupción de compañeros concejales ante el partido, como resultado fui acosado y obligado a hacerme concejal no adscrito para a continuación poner los documentos en manos de la Fiscalía. Muchos de aquellos “cabrones” siguen ocupando importantes parcelas de poder en el Partido Popular de Sevilla y cargos públicos varios.

Este comportamiento no es exclusivo del PP, en Andalucía, al funcionario que denunció los grandes fraudes, tras hacerle la vida imposible, lo quieren meter en la cárcel. Nadie protege a los empleados públicos que ayuden a destapar prácticas fraudulentas, por el contrario, se traslada el mensaje de que hacerlo es muy perjudicial para el “valiente”.


Lo vemos en el Parlamento, la corrupción solo sirve sacar rédito político y desgastar al adversario, nadie habla de casos como este porque en el fondo, nadie quiere dar alas para que se denuncien las tramas corruptas que unos y otros tienen montadas en las administraciones que controlan. Vergüenza tenía que darles.

  

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