lunes, 8 de mayo de 2017

Andalucía: Caótica gestión de la Junta.

El Gobierno de Andalucía, ha afirmado desconocer cuanto dinero defraudado a través, de las ayudas de los ERE y de los Cursos de Formación, ha retornado a las arcas públicas. Y lo hace aduciendo la peregrina excusa, de que conseguir dicha información “exigiría una acción previa de reelaboración para la que carece de medios técnicos razonables”, ya que, por increíble que parezca, en la administración andaluza no existe un programa informático que tenga procesados y centralizados estos datos.

Los verdaderos perjudicados del saqueo de las arcas públicas, son sin duda los propios andaluces, y estos como mínimo, tendrían que pedir responsabilidades a quienes les malgobiernan, pues a estas alturas, pocos dudan de que ese saqueo, planeado y puesto en funcionamiento por la propia administración andaluza, constituida en una clara organización criminal, es el responsable final de la pérdida de calidad y de los recortes en los servicios básicos que reciben los andaluces.

Si en cualquier empresa privada, sus gestores dieran ese tipo de explicaciones para justificar su incapacidad, serían inmediatamente despedidos. Aquí, en cambio, muchos de los damnificados les vuelven a votar, caso digno de ser estudiado por especialistas.

Cuando la Junta alega que carece de medios, produce sonrojo. De que les sirve su administración paralela, toda esa legión de enchufados que cobra mucho y trabaja poco, ¿es que no sirven ni para llevar las cuentas claras? Aunque lo mismo, en su afán de destruir pruebas, nadie es capaz de poner en pié las cuentas de los delitos que perpetraron.

Pero no nos engañan, la Junta de Andalucía, repartió ayudas a discreción entre empresas y falsos prejubilados con cargo a la partida de los ERE. En las ayudas sociolaborales y a empresas, se omitieron premeditadamente trámites esenciales a la hora de otorgarlas, incluso en algunos casos, los beneficiarios ni siquiera las solicitaron por escrito.


El juez Álvaro Martin, ha enviado al banquillo a los ex presidentes de la Junta, Chaves y Griñan, y estima que entre los años 2000 y 2011, la administración andaluza repartió de forma, discrecional o arbitraria, casi mil millones de euros. De ello, se beneficiaron personas que ni siquiera habían trabajado en las entidades subvencionadas, hablamos de los denominados “intrusos”, empresas cercanas a la órbita del PSOE, entidades vinculadas a los sindicatos, CCOO y UGT, consultoras, aseguradoras, comisionistas varios y despachos de abogados. Es evidente que el PSOE reparte más entre los suyos lo que roba, un estilo muy distinto al del PP, pues ahí el botín se lo reparten entre unos pocos.


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