miércoles, 5 de julio de 2017

El fraude de la Oficina Anticorrupción de la Junta.



Si algo en común tienen los nueve trabajadores que han firmado un manifiesto pidiendo la retirada del proyecto de decreto para la creación de la Oficina de la Prevención de la Corrupción en Andalucía, es que todos ellos han denunciado algún caso de corrupción. Entre ellos está, el funcionario Luis Escribano, quien en su día se negó a acatar las órdenes del director general, Juan Manuel Fernández Ortega, por estar favoreciendo con ellas a municipios gobernados por el PSOE en Granada; y también, Roberto Macías, el administrativo despedido por UGT Andalucía al que el sindicato pretende ahora se le condene a cuatro años de cárcel, bajo la alucinante acusación de “filtrar el fraude de las facturas falsas del sindicato”.

Este proyecto de la Oficina para la Prevención de la Corrupción, es la consecuencia del pacto de investidura con Ciudadanos. Con su puesta en marcha, Ciudadanos se quiere apuntar el tanto, pese a saber que la administración socialista ha ideado un auténtico engendro con fines opuestos a lo que su nombre indica, es decir, amparar a los corruptos y desproteger a los denunciantes.

Han firmado un manifiesto en donde enumeran una docena de agujeros negros del nuevo ente administrativo, y solicitan la retirada de esta medida, que aún está en fase de información pública y de presentación de alegaciones.

La mencionada oficina, va a carecer de una mínima objetividad e imparcialidad, pues no se regula la selección y provisión de funcionarios que la forman, y quedará en manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Podemos pensar, que lo que se va a crear es un nuevo nido de sicarios administrativos cuya misión va a ser la de proteger las tramas de saqueo de fondos públicos de la administración autonómica más corrupta de Europa.

Este supuesto nuevo instrumento contra la corrupción, tal y como está concebido, supondría un peligro para los denunciantes de corrupción, pues este ente no va a investigar absolutamente nada, simplemente informará de cualquier denuncia de corrupción a la consejería correspondiente y organismo afectado, para que ellos actúen, es decir, se alertará a los corruptos y se dejarán vendidos a los denunciantes.

Una administración como la andaluza, que lleva años acosando a quienes han denunciado corrupción y que hace grandes esfuerzos para arruinarles la vida a todos ellos, no tiene credibilidad ninguna en este ámbito.



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